La Campaña es una alianza de organizaciones sociales con alcance regional, que desde hace más de una década viene realizando un trabajo de información, sensibilización e incidencia en los países que la conforman como a nivel de la Organización de Estados Americanos –OEA, con la finalidad de lograr la aprobación de un instrumento jurídico internacional de reconocimiento, protección y exigibilidad de los derechos sexuales y derechos reproductivos, de carácter vinculante para los Estados.
La Campaña aboca en primera instancia por una Resolución de la Asamblea General sobre derechos sexuales y derechos reproductivos que permita posteriormente contar con la aprobación de una Convención Interamericana.
Somos una alianza de redes, organizaciones, grupos y colectivos de mujeres, jóvenes, comunidad LGBTI, indígenas, afrodescendientes, académicas, culturales y feministas, de América Latina y el Caribe que desde el año 1999 trabajamos por los derechos sexuales y los derechos reproductivos desde diferentes enfoques y ámbitos políticos y socio-culturales, en más de 10 países de la región.
Es un proceso participativo, plural e inclusivo que viene impulsando el reconocimiento y respeto de los derechos sexuales y derechos reproductivos, apuesta a la decisión autónoma y libre sobre la sexualidad y la reproducción, reconoce el derecho a una libre opción a la maternidad, promueve los derechos de las personas LGBTI.
La Alianza Regional que impulsa la Campaña cuenta con coordinaciones nacionales en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay.
¿Quiénes somos?
¿Por qué una Convención de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos?
Las normas vigentes no han posibilitado que las personas puedan gobernar con autonomía, y conforme a sus derechos y expectativas, los ámbitos de su vida sexual y vida reproductiva.
En nuestros países existen políticas públicas que reflejan una cultura discriminatoria y que están permeadas por el control proveniente de confesiones religiosas renuentes a reconocer la integralidad de los derechos humanos, en una clara vulneración de la laicidad con la que deben obrar los Estados.
Esta situación es especialmente grave en determinados sectores de nuestras poblaciones que viven discriminaciones históricas como son los pueblos indígenas y población afrodescendiente.
En tal sentido, es necesario que los países de América Latina y el Caribe se comprometan a contar con una Convención Interamericana, instrumento jurídico internacional vinculante para los Estados, que defina y proteja los derechos sexuales y derechos reproductivos. De esa manera, la población de todas las edades, razas y colores que experimente la vulneración de estos derechos podría a través de sus organizaciones exigir tanto en el plano nacional como internacional, que sean respetados y que los Estados aseguren las condiciones y garantías para su pleno disfrute sin discriminación alguna.
Esto, abriría posibilidades para que en nuestros países se propongan medidas y políticas destinadas a promover cambios normativos y culturales, orientados a alcanzar una convivencia social basada en el respeto a la igualdad y no discriminación, donde las diferencias dejen de ser motivo de exclusión y violencia, y por el contrario sean visibles, reconocidas y sujetas de los derechos que les corresponden.
Una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos sería para nuestra región una pieza fundamental para contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia, la laicidad de los Estados y la justicia social.
